Indulto e indulgencia
Estos últimos años, numerosos episodios represivos en el territorio
español han golpeado incluido a movimientos antagonistas, antifascistas,
libertarios, anarquistas... operaciones policiales se han impulsado, a
veces con gran resfuerzo de propaganda mediática, ha habido detenciones,
alguno/as compañero/as fueron y están todavía encarcelados, se llevaron
a cabo juicios, algunas condenas cayeron...
Todo esto no tiene nada de sorprendente. La represión policial,
mediática y judicial hacen parte del arsenal del Estado que desenfunda
regularmente contra aquellas y aquellos que lo cuestionan, en su
totalidad o en algunos de sus aspectos. Desde hace ya un tiempo, varios
gobiernos afirman por lo demás claramente su voluntad de acabar con toda
contestación no entrando en los marcos legales que no dejan de
endurecer.
La solidaridad que ha podido expresarse y desarrollarse frente a estos
distintos golpes del poder, si ella ha calentado innegablemente los
corazones, tampoco es de extrañar en cuanto tal: ella constituye, con la
acción directa, una de las armas de aquellas y aquellos que apuestan
por la autoorganización para entablar el conflicto.
No, la sorpresa viene más bien ocasionada por unos trámites de pesadas
consecuencias y literalmente aberrantes provenientes de las filas de
movimientos llamados «radicales» y por lo tanto que se supone que
quieren tomar los problemas desde la raíz: las demandas de indulto tras
una o varias condenas.
Para hablar muy concretamente, pedir ser indultado/a, es solicitar el
perdón del vencedor; esto viene en este caso a apelar a la indulgencia
del poder (bajo su forma judicial, gubernamental, real...) y en
consecuencia de aquellos que combatimos y a quienes, de alguna forma u
otra, nos oponemos.
No nos interesa demasiado entrar aquí en los detalles administrativos
del procedimiento en cuestión.Tapar lo que corresponde antes que todo a
elecciones políticas bajo montones de términos y formularios
burocráticos se inscribe demasiado bien en la manera en que el sistema
entiende hacernos funcionar y vuelve esencialmente a dar largas al
asunto.
Dejaremos también voluntariamente de lado el argumento falaz que invoca a
decisiones personales para hacerlas escapar a toda crítica. No se trata
evidentemente para nosotras de negar el carácter individual de las
elecciones, contrariamente a los ámbitos incondicionales del «todo
colectivo» por los que algunos actos son objeto de desconfianza y de
críticas por el solo hecho de ser llevados de manera individual. Por
nuestra parte, -y también por que tomamos en cuenta la dimensión
individual de posiciones y actos en cada ocasión y no sólo como una
oportunidad tras la cual atrincherarnos- no vemos porqué se debería
avalar con el silencio planteamientos que consideramos como nocivos por
todo lo que ellos suponen y significan.
Por lo demás, las peticiones de indulto en cuestión han tenido lugar
tras llamadas a la solidaridad (generalmente bajo la forma de
«campañas») lanzadas de un modo antagónico antes, durante y después del
juicio, llamadas asumidas por una buena parte de dichos movimientos, y
no atañen por lo tanto a las solas personas condenadas.
Visto que estas campañas pretenden generalmente establecer o prolongar
una correlación de fuerzas elaborada en la lucha, se comprende tanto
menos cómo ellas pueden acabar con este tipo de trámites, por lo menos
incoherentes con los objetivos afirmados precedentemente.
Un primer elemento de explicación podría residir en la noción misma de
lo que se llama «correlación de fuerzas» y sus objetivos. En efecto, si
sólo cuenta un resultado a muy corto plazo y lo que únicamente importa
es procurar que algunas personas no entren en prisión, podemos imaginar
que todos los medios son buenos para llegar a ello y pasar sin hacerse
demasiadas preguntas -y sea dicho de paso sin tampoco ninguna garantía
de que esto «funcione»- de manifestaciones en la calle contra la
represión del Estado a los intentos de mediar sus efectos con él.
Al contrario, si la correlación de fuerzas está concebida desde una
perspectiva más amplia, es entonces la continuidad de una actitud de
confrontación con el poder, así como ciertas propuestas y métodos de
lucha que están en juego individual y socialmente.
Hacer un llamamiento por ejemplo para impedir que tenga lugar una sesión
parlamentaria, no por peticiones o recursos jurídicos sino por una
intervención directa, implica al menos un cuestionamiento del juego
normal de la democracia parlamentaria. Por un bonito efecto de contagio
podría también tener un impacto social que desbordase la situación
inicial. Defender y poner en práctica el hecho de actuar directamente
contra lo que nos oprime, es entre otras cosas reavivar el rechazo-
fruto de ideas antiautoritarias y de la experiencia histórica- de las
instituciones y de la delegación, es alentar la voluntad de retomar las
riendas de la propia vida, de decidir como propio aquello que
combatimos, porqué y cómo.
Del lado opuesto, el Estado percibe muy bien el peligro que puede
representar este potencial para el conjunto de su organización social.
Va a buscar entonces por todos los medios acabar a la vez con el
conflicto puntual y con todas las posibilidades que éste puede abrir.
En su arsenal hay, para empezar, la represión policial y judicial que
pueden abatirse de distintas maneras: bien golpeando a ciegas -a golpe
de porra, pelotas de goma o balas reales si es necesario- bien picando a
la puerta de alguno/as- incluso a posteriori. Todo está destinado a
sembrar el miedo y a hacer algunos ejemplos a los ojos de todas y de
todos. Pero olvidamos demasiado a menudo que una de las armas, bien
democrática, de la que dispone es la de la recuperación política. Una de
las estrategias bien conocidas para hacer caber la contestación en sus
grilletes consiste en intentar separar a los «bueno/as oponentes»,
susceptibles de integrarse en su juego, de los «malos» determinado/as a
continuar el conflicto. Llevar el antagonismo social al terreno de la
negociación, satisfacer algunas reivindicaciones, incitar a la
disociación e incluso a la delación frente a los contenidos y a los
métodos más ofensivos son formas bastante clásicas de aislar a estos
últimos para aplastarlos mejor.
Si se quiere hablar de correlación de fuerzas en el caso de represión de
una lucha, ésta trasciende pues ampliamente las personas concernidas en
primer lugar, así como la detención o la continuación del combate, en
el momento en que el Estado decide silbar el fin del partido, tiene sus
incidencias más allá de los individuos que participan directamente en
él.
Les toca a aquellas y aquellos que inician el enfrentamiento el estar
preparado/as a responder a estos obstáculos de una forma que, lejos de
negar este, sea su prolongación. Haciendo caso omiso de esta continuidad
en la conflictualidad, los indultos van simplemente en el sentido
inverso.
En relación con esto, es necesario evocar otro factor que atraviesa el
conjunto de la sociedad, movimientos «radicales» incluidos: el espíritu
demócrata y ciudadanista. Querer tomar los problemas sociales desde la
raíz implica sin duda alguna la crítica a la representación y a la
delegación, fundamentos de la democracia, a través de la
auto-organización y de la acción directa. Esto significa también dejar
de considerar al Estado y a todos sus representantes, institucionales y
para-institucionales, como eventuales interlocutores que a fin de
cuentas podrían hacer la figura de árbitro en un conflicto en el que
ellos son parte interesada -y de forma nada desdeñable. Rechazar el
diálogo con aquellos que nos oprimen no es una postura, es la afirmación
en acto de la continuación del conflicto irreductible entre los
poderosos y los desposeídos. Esto tiene especialmente como consecuencia
desembarazarse de toda ilusión con respecto a la izquierda, quien ha
sido siempre la sepulturera de las luchas reales, sin ni siquiera hablar
de los intentos de trastorno social.
En este marco, los indultos, como otras prácticas equívocas, no hacen
sino añadir más a la confusión y participan de pleno a rehabilitar a
estos dos adversarios de peso. Sea cuál sea su decisión, el Estado sale
ganando: dar el «golpe de gracia» rechazando el indulto le da la
oportunidad de exhibir su inflexibilidad cara a la rendición a sus
exigencias; acordarlo le permite rehabilitar su imagen- en toda buena
sociedad, que reposa en principios religiosos, ¿qué hay de más magnánimo
que perdonar a aquellos que le han ofendido, pero siempre con sus
condiciones? En los dos casos, el Estado se verá reconfortado en el rol
de mediador de las relaciones sociales que demasiada gente le otorga ya.
Lo mismo para la izquierda. No podemos ignorar que sus partidos,
sindicatos y asociaciones tienen regularmente la necesidad de rehacerse
una legitimidad supuestamente contestataria, regularmente empañada por
sus canalladas de gestores del poder. Apelar a ellos para apoyar las
demandas de indulto no puede sino contribuir a reconocerlos como aliados
potenciales en lugar de tratarlos como los enemigos que en realidad
son. Es el retorno de la política como forma de gestión del conflicto.
De este modo, se contribuye a enterrar las propuestas de
auto-organización y de lucha sin mediaciones y a aplazar a las calendas
griegas las perspectivas que esas puedan abrir. No serían entonces más
propuestas válidas para hoy, en la vida que nosotros llevamos aquí y
ahora, sino simplemente buenas para un mundo ideal proyectado en un
futuro lejano. Si, por el contrario, se trata de propuestas reales,
coherentes y serias -en el sentido que corresponden el máximo posible a
la transformación de las relaciones sociales existentes y que anticipan
el porvenir al que aspiramos-, ¿cómo podría ser puesta en tela de juicio
su validez en cuanto el viento cambia de dirección?
Al igual que la forma de luchar, la de hacer frente a la represión es a
la vez individual y colectiva y ciertamente no separada del contexto
social en el que está inscrita.
Si encerrar a oponentes encarnizado/as, a veces durante decenios,
permite al Estado castigarles y apartarles físicamente del combate en la
calle, esto no le basta todavía. Uno de los objetivos de estos castigos
ejemplares reside indudablemente en la función de amenaza dirigida a
aquellas y aquellos que querrían continuar peleando. El paso siguiente
consiste en intentar obtener de los rehenes, de los que ha hecho
ejemplos, una confesión de arrepentimiento o al menos el reconocimiento
de que ellas o ellos estarían equivocada/os en sus caminos de lucha.
Vemos bien el beneficio que el Estado puede sacar a la vez de la
despersonalización de individuos que se han enfrentado a él y del hecho
de poder presentar públicamente su renuncia a convicciones supuestamente
pasadas. La negación por parte de alguno/as de sus aspiraciones y de
sus perspectivas -especialmente revolucionarias- o de métodos que
cuestionan el orden establecido apunta y contribuye a dar por
definitivamente terminada su razón de ser y de este modo a hacerlos
desparecer mejor, tanto de la memoria como del presente. A enterrarlos
como los símbolos de un paréntesis obsoleto que no vendrá más a rondar
el horizonte cerrado del Estado y del Capital.
Rechazar este odioso chantaje, la “oferta” basada generalmente en unos
años menos de cárcel, no es -como les gustaría hacer creer a los
partidarios del realismo de la razón de Estado a los pseudo estrategas
de altos vuelos- la prerrogativa de algunos locos furiosos aspirantes al
martirio. Esto corresponde tanto a la necesidad de mantener su
integridad individual frente a la voluntad de aplastamiento total de un
poder que exige que renunciemos incluso a lo que somos, como a la
lucidez en cuanto a los desafíos planteados por el conjunto de este
proceso.
La peticiones de indulto no se hacen independientemente de estos
desafíos. Mientras que el Estado endurece todavía sus leyes -entre ellas
la ley de seguridad ciudadana y el código penal hace poco- mientras que
al mismo tiempo promueve la perpetuidad y encarcela hasta por multas
impagadas, mientras que intenta paralizar mediante el miedo toda
expresión de revuelta, mientras que su administración, incluida la
penitenciaria, exige cada vez más la sumisión del mayor número de
personas, es imposible ignorar que la concesión de un indulto no podría
ser sino la excepción que confirma y refuerza la regla. Esta excepción
no es gratuita; no sólo el Estado se fundamenta en las garantías más o
menos explícitas -especialmente de “vida normal e insertada” -que le son
proporcionadas, sino que el indulto se inscribe también de hecho en una
lógica de pacificación social, por el mantenimiento del statu quo.
En definitiva, presentar el recurso de gracia como “un medio como otros”
sin grandes consecuencias corresponde o a una buena dosis de mala fe o a
una ceguera (¿voluntaria?) sobre la realidad de la guerra social en
curso.
Este mundo reposa verdaderamente sobre la dominación y sobre la
represión generalizada. Todos los días años de prisión se abaten por
todo tipo de delitos -entre otros relacionados con la propiedad- y
¿habría que hacer como si la lucha contra el sistema o ciertos de sus
aspectos pudiera eludirle y a cualquier precio?
Esta relación con la represión revela por lo menos el abismo que existe
entre las pretensiones de movimientos que se pretenden radicales y su
manera de afrontar la realidad. Si hablamos de afrontarla, está claro
que no se trata de aceptarla. Hace falta pues ponerse de acuerdo sobre
los caminos que son practicables y sobre aquellos que no lo son,
especialmente por que tienen un costo mucho más elevado que la prisión
misma. Es por esto que es indispensable afinar los análisis, compartir
las reflexiones, imaginar prácticas y maneras autónomas del poder
capaces de aportar respuestas mientras se continúa a llevar a cabo el
conflicto.
Partiendo del principio que una batalla iniciada, individual o
colectivamente, en el campo social no le abandona cuando viene
reprimida, podríamos preguntarnos cómo atacar los aspectos represivos
dentro y por la propia lucha. Si consideramos que ésta no se detiene
necesariamente una vez pasadas las puertas de las prisiones, la cuestión
podría ser la de su articulación en el interior y al exterior de los
muros. El hecho de proseguir el antagonismo a pesar de los golpes del
poder, puede sin duda contribuir, hoy como ayer, a asumir sus
consecuencias carcelarias -a menudo desgraciadamente inevitables- sin
sentimiento de abandono, ni como un sacrificio o un paréntesis separado,
sino más bien como uno de los episodios de un recorrido de lucha.
El retroceso generalizado de los lazos de solidaridad es producido por
mecanismos de poder en sí mismos alimentados por un gran número de
capitulaciones frente a él. Pero deducir de esta cruel constatación que
la única “solución razonable” sería acompañar este movimiento de
retroceso aceptando y reforzando el timo del Estado no haría sino cavar
un poco más la tumba de nuestras ideas ácratas y de prácticas que
derivan de ellas. El hecho que algunos principios y métodos de acción
sean cada vez más minoritarios (lo que está por demostrarse) ¿les
privaría de su validez y significaría que hay que renunciar a ellos?
Nosotra/os pensamos al contrario que se trata más que nunca de
contribuir, poniéndolos en práctica, a extenderlos y a difundirlos.
Igual que la acción directa, la solidaridad en una perspectiva
antiautoritaria es un reto crucial, por los tiempos presentes y por los
que llegarán. Esta solidaridad no puede concentrarse en el solo hecho
represivo particular y significa sobre todo continuar a llevar, en
palabras y actos, ideas y prácticas subversivas en las que ciertamente
no somos los únicos en reconocernos. Esto podría ser un punto de partida
para propagar este conjunto en el seno de la conflictualidad social.
Vista bajo este ángulo, la cuestión de la solidaridad no puede ser
resuelta entablando alianzas políticas contra natura y totalmente
contraproducentes para el cuestionamiento de las relaciones existentes,
como tampoco reclamando la atención de una ilusoria “opinión pública”
por fuerza espectadora. La cuestión sería más bien buscar complicidades
fructíferas en el espacio abierto por la continuidad de luchas sin
mediación. Insertar la cuestión de la solidaridad en perspectivas
propias forma parte del equipaje del combate contra la dominación.
Preservar esta continuidad no significa querer guardarla celosamente en
un entre sí para enorgullecerse, pero permite en cambio llevarla en
tanto que propuesta para transformar la realidad en lugar de adaptarse a
ella.
Si la relación con la represión policial y judicial no constituye sino
una parte de la lucha, es por desgracia con frecuencia también
reveladora de ambigüedades y de falta de perspectivas más profundas.
Poner en claro nuestras ideas, los porqués y los comos de los combates
que queremos llevar a cabo, las luchas y métodos que proponemos (con
todas sus implicaciones) es entonces más necesario que nunca. Banal
cuestión de fines y medios en suma, urgente plantearse en todos los
momentos del enfrentamiento contra el poder.
indulto.rtf (67 k)
Alguna/os anarquistas
Octubre 2015
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